Bolaños aprovecha las felicitaciones de jueces para pedirles que presionen al PP para renovar el CGPJ

Crisis de Gobierno. Cambios de ministros. Y ascensos. Uno de ellos, el más sonado, el de Félix Bolaños como ministro de Presidencia. No tardaron en llegar las llamadas de felicitación. Y como respuesta no tardaron, tampoco, en surgir los mensajes de presión de Bolaños para asaltar el Poder Judicial. Porque algunos de los que llamaron eran jueces, y la respuesta de agradecimiento fue acompañada de un encargo: convencer al PP de la “necesidad” de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, todo ello, en pleno linchamiento contra el Tribunal Constitucional.

Sánchez y su cúpula no cesan en su deseo de controlar a los jueces. Lo intentaron con una reforma legal que encontró el bloqueo de la UE. Lo pretendieron con una negociación frustrada con el PP para renovar el Poder Judicial en la que buscaban nombrar en el CGPJ a dos de los jueces más significados y polémicos -José Ricardo de Prada y Victoria Rosell-. Y ahora vuelven a la carga en plena concesión de los indultos a los golpistas del 1-O y en mitad del ataque al Tribunal Constitucional por la sentencia que declara ilegal el estado de alarma.

Félix Bolaños fue una persona importante en los contactos entre el PSOE y el PP en aquella negociación frustrada para renovar el CGPJ. Tanto que su contacto con jueces es habitual y de sobra conocido.

El ascenso de Bolaños al cargo de ministro de Presidencia hace una semana fue el motivo que llevó a mucha gente a felicitarle por el nuevo cargo. Pero la sorpresa llegó en la respuesta recibida por algunos de los jueces y personas de influencia en el mundo judicial. Porque lejos de contestar con mensajes neutros, Félix Bolaños aprovechó para pedir a sus interlocutores que mediaran con el PP o le intentaran convencer de la necesidad de reabrir la negociación para introducir nuevos vocales del CGPJ.

Consecuencias de la renovación del CGPJ

La primera consecuencia de esta renovación será, con toda probabilidad, el cambio del predominio de vocales propuestos por el centroderecha, para incorporar a otros procedentes del ámbito de influencia de la izquierda: justo el deseo del PSOE para avanzar en su presión y control de las instituciones.

El objeto de las peticiones, de hecho, planteaba la presión directa a Pablo Casado para que ceda y acepte un nuevo Poder Judicial. El argumento no era nuevo: que el CGPJ no puede seguir con los cargos prorrogados y sin adaptarse al nuevo reparto de escaños en el Parlamento.

A la vista está que la presión sobre la Justicia, ya sea en el orden jurisdiccional -el Tribunal Supremo-, o sobre el máximo órgano garante de los derechos plasmados en la Carta Magna -el Tribunal Constitucional- , es un objetivo prioritario de Pedro Sánchez. Tanto que ni una llamada de felicitación se deja pasar ante la posibilidad de seguir avanzando en este sentido: el del control de la Justicia.

El pasado mes de febrero dio por finalizado el último intento de renovación del Poder Judicial. El PP se encontró en la mesa con candidatos a los que consideró totalmente marcados desde el punto de vista político y bloqueó la negociación hasta que esos nombres no fueran sustituidos. La explicación del PP fue clara: esos jueces habían sido negociados con Podemos, y el partido de Pablo Casado afirmó antes de sentarse en la mesa de negociación que no aceptaría la imposición de Pablo Iglesias de incrustar a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell en el Consejo General del Poder Judicial. La posición del PP no era negociable. O Podemos y su rastro salían del ámbito negociador del CGPJ o no habría renovación. El PSOE no cambió los nombres y la negociación se rompió.

Jueces de Podemos

Lo cierto es que Podemos había tirado de la cuerda del PSOE. Pablo Casado exigió desde el inicio que el partido de Pablo Iglesias estuviera al margen de las negociaciones de renovación del Poder Judicial. El PSOE aceptó inicialmente, pero Podemos se coló hasta la cocina con dos jueces afines para el nuevo CGPJ: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. El PP vetó a los dos en aplicación de la condición previa de que Podemos no podía aparecer en las negociaciones.

La primera de las peticiones de Podemos fue Victoria Rosell. Ella es todo un clásico del partido morado. En 2016 la juez y ex diputada de Podemos se enfrentó a una querella del ex ministro José Manuel Soria. El caso fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo, lo que provocó que Rosell tuviera que renunciar a volver a presentarse a las elecciones en cumplimiento con el código ético de Podemos.

En diciembre de 2016 el caso contra Rosell fue archivado. Y en marzo de 2019 Rosell anunció su vuelta a la política liderando la lista de Unidas Podemos en Canarias para las elecciones generales de abril de 2019. Logró el cargo y volvió a la política. En las elecciones de noviembre de 2019 Rosell volvió a las listas y fue de nuevo elegida diputada, aunque renunció al escaño en enero de 2020 para ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El caso del juez José Ricardo de Prada no tiene una connotación tan activa desde el punto de vista de aspirar a cargo político, pero sí desde el punto de vista de la polémica por la sentencia de Gürtel. Y es que De Prada fue uno de los jueces decisivos en la sentencia que provocó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy y que afirmó que el testimonio del ahora ya ex presidente carecía de «credibilidad».

La sentencia afirmó que el testimonio de Rajoy no fue lo «suficientemente creíble» en su declaración del 26 de julio de 2017 en el juicio por el caso Gürtel. Esa afirmación se convirtió en el combustible estrella para justificar la moción que acabó tumbando al último Gobierno del PP.